LOS DERECHOS HUMANOS EN CHILE – Gonzalo Ibañez Santamaría

LOS DERECHOS HUMANOS EN CHILE

Por Gonzalo Ibáñez S.M.

Mucho caudal hacen los partidos de izquierda de su devoción por los DD.HH. y de su repugnancia de cara a quienes no les son adictos por haber mantenido, según ellos, una actitud de cómplices de las violaciones que esos derechos sufrieron durante el gobierno militar. Incluso, atribuyéndole este rasgo a José Antonio Kast, intentan explicar, cuando no justificar, los atentados de que él ha sido víctima.

Ciertamente no es discutible que esas violaciones existieron y que algunas de ellas fueron francamente atroces. Ellas deben, por lo tanto, ser sometidas al debido proceso y, en virtud de sus resultados, quienes fueron sus autores, cómplices o encubridores, deben recibir la sanción contemplada en nuestras leyes. Pero sí es discutible la forma en que muchos de esos procesos se han llevado o se están llevando a cabo. Desde luego, cabe preguntarse qué debe entenderse, para estos casos, por debido proceso, es decir, si éste corresponde a la antigua ley procesal penal o a la nueva, pues las diferencias no son menores. En seguida, no puede menos que recordarse, también para efectos de debido proceso, el momento en que en Chile entra a tener vigencia la legislación internacional acerca, por ejemplo, de la tipificación de los denominados delitos de “lesa humanidad”. Respecto de estos problemas y otros derivados de ellos, me remito a las obras del abogado y ex oficial de la Armada, Adolfo Paúl Latorre . Son muy exhaustivas y clarificadoras en estos puntos (1).

Pero, un juicio integral sobre violaciones y amenazas a los derechos humanos en el Chile de esta época obliga a una visión más amplia. Así, por ejemplo, no se puede dejar de considerar las circunstancias que obligaron en 1973 a nuestras Fuerzas Armadas y de Orden a asumir y ejercer el poder político de la nación. Como todos sabemos, el gobierno militar resultó de la acción que tuvo por misión deponer al presidente Salvador Allende y poner término al experimento marxista al cual ese gobierno sometía al país y a su población. Y, conjuntamente, poner término al uso que hacía de la violencia como instrumento para imponer sus designios; y a la amenaza de un uso aún más masivo de esa violencia si se presentaba más resistencia. Recordemos que Salvador Allende, al momento de asumir como presidente de la República oficiaba como máximo dirigente de OLAS (Organización Latinoamericana de Solidaridad), fundada en La Habana en 1967 para apoyar en el continente a las guerrillas marxistas bajo el lema de “El deber de todo revolucionario es hacer la revolución”. Para esa organización, “en América Latina existe una situación que permite impulsar la lucha armada, especialmente en su forma principal, la guerra de guerrilla, la organización de un ejército popular que desarrolle una guerra de esta naturaleza, que provoque la destrucción del aparato burocrático militar, de las oligarquías y los gobiernos títeres como consecuencia de acciones comunes y victorias en el terreno militar, creando y fortaleciendo en fin, un ejército popular, que pueda asegurar la instauración y preservación de un poder revolucionario. . . . . los pueblos latinoamericanos deben oponer una estrategia común revolucionaria, fundamentada en un profundo sentido de la solidaridad, dirigida a la toma del poder mediante la lucha armada” (2) . Es decir, se trataba de una organización violentista para la cual la lucha armada y, por lo tanto, inferir la muerte al adversario, no sólo era legítima sino necesaria. Consecuente con esta ideología, el Partido socialista chileno -el partido de Allende- había proclamado en su congreso de Chillán de 1967 la urgencia de “adecuarse en sus objetivos y organización a la línea general de la política de OLAS, y . . .estar destinado a convertirse en el Frente Político que una a todas las fuerzas anti-imperialistas revolucionarias que luchen consecuentemente por la revolución socialista. . . . La violencia revolucionaria es inevitable y legitima. . . . Sólo destruyendo el aparato burocrático y militar del estado burgués, puede consolidarse la revolución socialista” (3) . El ejemplo cubano de asesinato masivo de opositores reales o supuestos, estaba muy presente como para tomarse estas declaraciones como un pura y simple bravata.

A ese compromiso con la violencia se ajustó desde un comienzo el régimen de Allende, lo cual no hubiera sido tan grave si hubiera tenido algún grado de éxito. Pero, a poco andar se pudo apreciar cómo la violencia le era consustancial por la enorme resistencia que suscitaba su total fracaso que, de hecho, impedía el ejercicio de derechos fundamentales de la población; en especial, de los más pobres, como el de alimentación, por ejemplo. Fue lo que, después del 11 de septiembre de 1973, dejó en claro Eduardo Frei Montalva en carta al líder italiano Mariano Rumor: “Es de preguntarse, entonces, cuál es la causa y quiénes son los responsables de su quiebre (del régimen institucional). A nuestro juicio la responsabilidad íntegra de esta situación – y lo decimos sin eufemismo alguno – corresponde al régimen de la Unidad Popular instaurado en el país. . . . El fondo del problema es que este gobierno minoritario, presentándose como una vía legal y pacífica hacia el socialismo – que fue el slogan de su propaganda nacional y mundial – estaba absolutamente decidido a instaurar en el país una dictadura totalitaria y se estaban dando los pasos progresivos para llegar a esta situación, de tal manera que ya en el año 1973 no cabía duda de que estábamos viviendo un régimen absolutamente anormal y que eran pocos los pasos que quedaban por dar para instaurar en plenitud en Chile una dictadura totalitaria” (4) . La conclusión de Patricio Aylwin fue clara, precisa y concisa: “La acción de las FF.AA. se anticipó a la instauración en Chile de una dictadura comunista” (5) .
No se puede, a la hora de juzgar las violaciones de los derechos humanos ocurridas durante el régimen militar, hacerlo con la vista semi vendada. Desde luego, sin tomar en cuenta las dramáticas circunstancias vigentes al momento en que ellas asumieron el poder y el hecho que debieron continuar la lucha contra la insurgencia guerrillera. Tampoco, es aceptable la actitud de juzgar y condenar los delitos de un lado y dejar pasar los del otro lado. Menos aún, si al condenar los delitos de un lado se glorifican los del otro lado; es lo que simboliza, por ejemplo, el monumento de Salvador Allende en la plaza de la Constitución, al frente del palacio de La Moneda. En este evento, la justicia, más que en instrumento de paz social, corre el riesgo de convertirse en instrumento de venganza. Me temo que es lo que sucede en mucho de los juicios que se llevan adelante contra nuestros ex uniformados.

También es importante advertir lo que, para desgracia del país, se destaca con absoluta nitidez, esto es, la impunidad legal en que ha quedado un crimen como es el del aborto, incluso si es sólo en tres causales. Más de cien niños han sido ultimados desde que entró en vigencia la ley respectiva. Y, hoy, las fuerzas que estuvieron detrás de su aprobación, incluyendo aquellas a las que le falta boca para condenar a nuestros uniformados, se esfuerzan en estrechar el cerco alrededor de quienes buscan invocar la objeción de conciencia para evitar convertirse en criminales.

Por último, para hacer una entera justicia, así como se condenan los aspectos negativos del gobierno militar, no pueden dejar de aplaudirse aquellos otros en los cuales su gestión constituyó un rotundo éxito que se proyectó, por cierto, en el goce de derechos humanos que hasta entonces parecían inalcanzables. El combate por la seguridad pública, por ejemplo. Pero, sobre todo, su política económica que quebró esa fatal inercia socialista con que venía el país empobreciéndose año tras año, y sentó las bases de un desarrollo que, nunca antes se había conocido al interior de nuestras fronteras, y que se proyecta hasta ahora a sectores muy importantes y mayoritarios de la población. Ha sido, para esos grupos, un avance sustantivo en el goce de derechos humanos muy concretos y muy reales. Tanto, que los gobiernos de la Concertación, especialmente el de Ricardo Lagos, no hicieron sino seguir, para bien de todos, el rumbo con que recibieron al país.

Hoy, cuando desde la misma izquierda se abomina de esos gobiernos, en los cuales ella participó alegremente, y se busca socavar las bases de ese desarrollo, no puede dejar de advertirse cómo el discurso sobre los derechos humanos no parece ser otra cosa que una pantalla que disimule toda una estrategia para conquistar el poder político y terminar con la obra que, en su momento, quiso llevar adelante Salvador Allende. Aunque eso signifique condenar a la última miseria a aquellos en cuyo nombre se emprende esta estrategia; los pobres. Por otra parte, se ofrecen los derechos humanos casi como una panacea de una libertad sin límites; por ejemplo, para elegir el sexo que cada uno estime conveniente, como si eso fuera posible; o para convertirse en el amo de la vida o de la muerte de un ser humano que se gesta en un vientre materno. Como siempre, en estos casos, detrás de estos “ofertones” de libertad existe la voluntad implacable de destruir la personalidad, en especial de los jóvenes, y de dejarlos convertidos en fácil presa de la maquinaria de un estado totalitario.

 

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(1) En especial, me refiero a su obra “Prevaricato, Análisis crítico de los fallos judiciales recaídos en las causas sobre violaciones de los derechos humanos” Ed. El Roble, Valparaíso-Chile, 2017 y a “Procesos sobre violaciones de derechos humanos. Inconstitucionalidades, arbitrariedades e ilegalidades” Cuarta edición resumida. Ed, El Roble, Valparaíso-Chile, 2015.
(2) http://www.ruinasdigitales.com/…/ConferenciaTricontinental.…
(3) http://www.blest.eu/doxa/chillan_serena.html
(4)https://es.wikisource.org/…/Carta_de_Eduardo_Frei_Montalva_…. 8 de noviembre de 1973.
(5) Entrevista a la TV francesa, octubre de 1973. “el gobierno de Allende había agotado, en el mayor fracaso, la ‘vía chilena hacia el socialismo’, y se aprestaba a consumar un autogolpe para instaurar por la fuerza la dictadura comunista” (https://www.youtube.com/watch?v=bNfcjkL37zE.) “Las informaciones que nos transmite el cable revelan que lo sucedido en Chile se está enjuiciando en el exterior con mucho desconocimiento de la realidad”, acotó (Aylwin). En ese sentido, agregó que “la mayor prueba es la enorme dotación de armas que tenían las ilegales milicias marxistas que formaban un verdadero ejército paralelo, con un poder de fuego equivalente a 12 regimientos regulares y con la presencia activa de más de diez mil extremistas extranjeros”. Aylwin concluyó su declaración explicando que, “hasta la última quincena conversamos con el Presidente Allende y su gobierno, en busca de las rectificaciones indispensables para salvar a Chile del quiebre institucional y del desastre económico. Nuestros esfuerzos no encontraron acogida seria y su fracaso condujo a la intervención militar, que las Fuerzas Armadas y Carabineros no buscaban y que contradecía todas sus tradiciones”. (Ver diario La Tercera, Santiago de Chile, 29 de mayo de 2012)