RECLUSOS CON ENFERMEDADES TERMINALES – Adolfo Paúl Latorre

En relación con el artículo editorial publicado el domingo 4 de marzo en El Mercurio de Santiago, bajo este mismo título, cabría comentar que el ministro de Justicia Jaime Campos Quiroga ha manifestado que el proyecto de ley ingresado al Congreso a fines de enero, que modifica diversos cuerpos legales en materia de cumplimiento de penas (boletín 11.569-07) exige el arrepentimiento por los hechos cometidos, en el caso de los condenados por delitos de lesa humanidad, como un requisito para concederles beneficios penitenciarios, rebaja de condenas o la libertad condicional; y que tal exigencia constituye una norma de Derecho Internacional obligatoria, citando al efecto el artículo 110 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Lo cierto es que tal exigencia no está establecida ni en el precitado artículo ni en tratado internacional alguno. Ninguno de los tratados internacionales vigentes en Chile restringe la concesión de beneficios o prohíbe la dictación o aplicación de indultos o de amnistías. Por lo demás, ¿de qué podrían arrepentirse los cientos de militares que mediante la argucia de calificar como de lesa humanidad supuestos hechos delictivos antes de que entrara en vigor la ley que estableció en Chile esa categoría de delitos, han sido condenados siendo inocentes o estando exentos de culpa o de responsabilidad criminal y a quienes les ha sido vulnerado su derecho humano a un debido proceso? Por otra parte, y en relación con la exigencia de aportar antecedentes adicionales, ¿qué antecedentes podrían aportar los condenados si no los tienen?

Publicada en Bitácora Informativa del Socio de ASOFAR, el 6 de marzo de 2018.